El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte oficializó una controvertida ley que exime de responsabilidad penal a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos donde el uso de armas de fuego resulte en lesiones o muertes, siempre que este sea realizado en el ejercicio de sus funciones. Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, fiscales y jueces no podrán dictar medidas como detención preliminar o prisión preventiva contra los policías implicados.
La norma, respaldada por el primer ministro Gustavo Adrianzén y otros altos funcionarios como el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la vicepresidenta Patricia Juárez, busca fortalecer la protección de los efectivos policiales y garantizar su presunción de inocencia.
Sin embargo, esta disposición ha generado preocupaciones en diversos sectores de la sociedad, que temen que pueda ser interpretada como una licencia para el uso excesivo de la fuerza. Organismos de derechos humanos han manifestado su inquietud ante el impacto que la ley podría tener sobre la población civil.
Adicionalmente, se promulgó la Ley Nº 32182, que sanciona severamente a fiscales y jueces que no actúen conforme a la normativa al procesar detenciones realizadas en flagrancia delictiva. Ambas medidas entrarán en vigencia desde las 00:00 horas del 12 de diciembre, marcando un cambio significativo en la política de seguridad del país.
Por un lado, el Gobierno ha destacado la importancia de estas medidas para garantizar el cumplimiento de la ley y respaldar a los agentes policiales. Por otro, la ciudadanía y expertos legales advierten sobre posibles excesos en el ejercicio de estas facultades y la necesidad de asegurar controles efectivos que prevengan abusos.
La implementación de estas leyes será clave para observar si realmente contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana sin comprometer los derechos fundamentales.