Funcionario estadounidense de origen peruano acusado de extorsionar a su hermano en Perú

Un caso que ha generado controversia involucra a Jorge Enrique Medina Delgado, ciudadano peruano con DNI 07251797, nacionalizado estadounidense y actual funcionario del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos. Según denuncias, Medina habría amenazado y extorsionado a su hermano en Perú, un adulto mayor, con el objetivo de apropiarse de una propiedad familiar valorizada en 2 millones de dólares.

Antecedentes del conflicto

Medina viajó a Estados Unidos hace más de 30 años, presuntamente utilizando documentación sustraída de su hermano. Con ello habría buscado sustentar arraigo nacional ante la embajada estadounidense, basándose en un anticipo de legítima que, según él, le fue otorgado en exclusividad por su madre fallecida, pese a que son ocho hermanos. Sin embargo, la propiedad en disputa fue adquirida por el hermano que reside en Perú.

Denuncias de tráfico de influencias

Se señala que la denuncia interpuesta por Medina habría sido premeditada y direccionada mediante presunto tráfico de influencias en altos niveles de la Policía Nacional del Perú. Existen correos electrónicos amenazantes enviados desde Estados Unidos, así como vínculos familiares en fiscalías de Lima Sur, lo que habría derivado en un proceso judicial considerado sesgado contra el hermano peruano y su hija.

Actos de violencia y hostigamiento

Durante el litigio, se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela jurisdiccional, negando pruebas clave (chats, correos electrónicos). Además, se denuncia la contratación de personas en Perú para ejecutar actos de intimidación, violencia física contra personal de vigilancia, disparos en el frontis del inmueble, incendios que provocaron la muerte de animales y otras acciones de hostigamiento.

Proceso judicial en curso

El caso se encuentra en el Juzgado Penal Unipersonal de Pachacamac, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, bajo el expediente 09590-2021-11-3006-JR-PE-01, proveniente del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín. El fiscal a cargo es Luis Alberto. Cabe destacar que la jueza que llevó la etapa preparatoria, Leny Zapata Andía, fue apartada del Poder Judicial por presuntos vínculos con el caso del Tren de Aragua.

Denuncias previas ignoradas

Desde 2018, el hermano afectado ha presentado múltiples denuncias por robo y destrucción en el predio, las cuales nunca fueron investigadas. En contraste, la denuncia interpuesta por Medina en 2020 sigue un curso que la defensa considera irregular. Incluso, testigos han sido amenazados para cambiar sus declaraciones.

Este conflicto familiar, marcado por traiciones, ambiciones y presuntos delitos, pone en riesgo la libertad y el patrimonio de una familia peruana, mientras se cuestiona la imparcialidad del sistema judicial.