A pocas horas del inicio del Año Nuevo, el Gobierno interino encabezado por José Jerí oficializó un cambio trascendental en el futuro de Petroperú. Mediante la publicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, se autorizó la reorganización patrimonial de la empresa estatal y su incorporación al marco legal de promoción de la inversión privada.
La norma permite que Petroperú deje de operar como una empresa integrada, posibilitando la separación de sus activos en uno o más bloques patrimoniales. Entre los bienes que podrían ser reorganizados se encuentran infraestructuras estratégicas como la Nueva Refinería de Talara, considerada el proyecto energético más importante del país, junto a otros activos logísticos y posiciones clave en el mercado nacional de combustibles.
El decreto encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) el diseño y conducción integral del proceso, otorgándole facultades para definir las modalidades de participación privada, seleccionar operadores especializados y estructurar mecanismos financieros como fideicomisos. Asimismo, se derogó una disposición legal que impedía a Petroperú ser incorporada a ciertos esquemas de promoción de la inversión, eliminando una barrera normativa vigente por más de dos décadas.
Aunque el Ejecutivo sostiene que las medidas buscan garantizar la seguridad energética y prevenir el desabastecimiento de combustibles —especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios—, diversos sectores han expresado preocupación por el alcance del decreto. El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, advirtió que la norma configura una privatización progresiva de la empresa y cuestionó que decisiones de esta magnitud se adopten en el contexto de un gobierno de transición, además de señalar limitaciones técnicas de ProInversión en el sector hidrocarburos.
En el ámbito laboral, el decreto establece que Petroperú deberá aprobar una nueva estructura orgánica en un plazo máximo de 30 días hábiles. Para ello, se autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones en 2026, destinado a financiar procesos de reorganización interna, que incluyen programas de reconversión y despido de personal. Esta disposición generó el rechazo de los sindicatos de la estatal, que calificaron la medida como un “desmantelamiento” de Petroperú y alertaron sobre el riesgo de perder soberanía energética.
Organizaciones sindicales como Sitrarepp y Sutperdag ya habían realizado movilizaciones en defensa de la Refinería de Talara, a la que consideran patrimonio estratégico del norte del país. A su vez, cuestionaron que Petroperú deba transferir S/144 millones a ProInversión para ejecutar el proceso, pese a la delicada situación financiera que atraviesa la empresa.
Según información oficial, Petroperú registra pérdidas operativas desde 2022, enfrenta un capital de trabajo negativo y depende del endeudamiento externo. A octubre de 2025, la estatal contaba con apenas S/66 millones en caja y una reducción significativa de sus líneas de crédito.
Actualmente, Petroperú participa con el 26% del mercado nacional de combustibles, alcanzando cuotas del 42% en diésel y 31% en gasolinas. En determinadas regiones amazónicas, la empresa concentra más del 85% del abastecimiento, operando además sin IGV en zonas donde no existe presencia del sector privado.
El decreto tiene vigencia inmediata por un año y deberá ser informado al Congreso de la República, en medio de un debate creciente sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y el futuro de la principal empresa petrolera del país.