El Tribunal Constitucional (TC) ha fijado para este 25 de noviembre de 2025 la audiencia en la que se evaluará la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024. Esta norma, emitida por el Poder Ejecutivo, autorizó medidas financieras excepcionales en favor de Petro-Perú S.A., lo que implicó comprometer recursos públicos por más de S/24 mil millones entre 2013 y 2024 mediante capitalizaciones y otros mecanismos de apoyo.
Durante la sesión, los magistrados escucharán los alegatos tanto del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), que interpuso la demanda, como de la Procuraduría Pública del Ejecutivo. El equipo legal del CAA, liderado por su decano John Mesías y el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez, sostendrá que el Decreto de Urgencia 013-2024 no cumple con el “test de excepcionalidad e imprevisibilidad” exigido por la Constitución y la jurisprudencia del TC. Además, argumentarán que el uso reiterado de este tipo de decretos para inyectar capital a una empresa en quiebra técnica constituye una evasión del control parlamentario y un fraude constitucional.
Cabe recordar que la demanda, admitida por el TC el 5 de agosto de 2025, señala que el Ejecutivo vulneró la Carta Magna al recurrir a un mecanismo excepcional para enfrentar una crisis financiera que era estructural, previsible y conocida desde hace años.