El Ministerio Público ha informado que el 70% de las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 ya se encuentra en la fase preparatoria. Según el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), de las 61 investigaciones abiertas, 42 ya cuentan con imputados, tipificación de delitos y hechos concretos, mientras que otras están en etapa de calificación o investigación preliminar.
Estas investigaciones abarcan graves hechos ocurridos en regiones como Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Junín y Lima, donde se denunciaron más de 50 fallecidos y decenas de heridos a raíz del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y militares. La Fiscalía ya ha presentado dos acusaciones formales en Lima y prepara otras en Ayacucho, Cusco y Trujillo. En el caso de Huanta (Ayacucho), donde se reportaron dos víctimas, se formalizará una acusación similar a la que se presentará por el caso Wanchaq (Cusco), con 30 víctimas, y en Trujillo, con 38 afectados. En paralelo, el Ministerio Público ha recogido historias clínicas, declaraciones testimoniales en zonas alejadas y ha incluido al Ministerio del Interior como tercero civil responsable, además de identificar responsabilidades en altos mandos policiales. Cabe recordar que en mayo la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte y exfuncionarios de su gabinete por presuntos delitos relacionados con estas muertes, señalando un uso desproporcionado de la fuerza en distintas regiones del país. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha reafirmado su compromiso con las víctimas y con el avance de estas diligencias, en medio de una creciente presión social y política sobre el Gobierno.