La Policía Nacional del Perú (PNP) amplió a 26 las vacantes para el ascenso al grado de general, aumentando así la competencia entre los 246 coroneles que aspiraban a este puesto por orden de mérito. Este ajuste ha generado diversas suspicacias, ya que algunas fuentes dentro de la institución sugieren que el incremento de vacantes podría estar relacionado con el ascenso del coronel Gustavo Pareja García, actual jefe de la División de Infraestructura de la Dirección de Administración de la PNP.
El coronel Pareja tiene lazos familiares estrechos con Ismael Arroyo Roca, comandante de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), quien es considerado uno de los hombres de confianza del ministro Juan Santiváñez. Estos vínculos han levantado sospechas entre los oficiales, quienes consideran que el ascenso de Pareja podría estar siendo favorecido por razones ajenas al mérito.
Además, se ha señalado que muchos de los oficiales que provienen de unidades administrativas, como Pareja, han sido beneficiados por una nueva ley promulgada por el Congreso, que favorece a los coroneles con una trayectoria administrativa, perjudicando a aquellos oficiales operativos que arriesgan su vida en la lucha contra la criminalidad. Entre estos últimos se encuentra el coronel Víctor Revoredo, conocido por su destacada labor en la División de Investigación de Homicidios.
El proceso de ascenso ha generado controversia también debido a los exámenes de aptitud física y el reciente cambio en las vacantes, que pasó de 24 a 26, en lo que algunos describen como un “dedazo”. A pesar de la competencia por las vacantes, el cuadro de méritos revela que muchos de los coroneles que tienen mayor puntaje provienen de áreas administrativas, mientras que otros, como Revoredo, a pesar de su dilatada experiencia operativa, han quedado fuera de la selección.
Este proceso de ascenso se lleva a cabo en un contexto de creciente desconcierto dentro de la PNP, con voces internas que señalan que las reformas y la implementación de la nueva ley podrían estar alterando las reglas del juego, favoreciendo a unos y perjudicando a otros de forma injusta.