La reciente firma del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte en Francia ha desatado una ola de críticas desde el Congreso de la República, a pesar de que dicha actividad estaba claramente detallada en el itinerario aprobado por el propio Legislativo.
Durante su viaje oficial a París, Boluarte participó en la suscripción de este acuerdo internacional que busca regular el uso sostenible de la biodiversidad en aguas internacionales, fuera de las 200 millas marítimas de jurisdicción nacional. No obstante, parlamentarios de diversas bancadas acusaron a la mandataria de actuar a espaldas del país.
El congresista Wilson Soto (Acción Popular) solicitó explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para aclarar si la firma del tratado fue debidamente informada. “Tenemos que pedir información a la Cancillería para esclarecer este hecho”, declaró.
Por su parte, el legislador José Williams (Avanza País) recalcó que cualquier convenio debe pasar por la aprobación del Congreso: “Ese documento debe llegar aquí y debe analizarse con detenimiento antes de votarse”.
En una posición más crítica, el fujimorista Fernando Rospigliosi afirmó que no se había informado claramente que la presidenta firmaría el acuerdo, aunque documentos oficiales del Ejecutivo lo contradicen.
Desde la izquierda, Jaime Quito (Bancada Socialista) denunció una supuesta vulneración de la soberanía nacional, al vincular el tratado con la Convención del Mar (Convemar), que ha sido históricamente rechazada por varios sectores en defensa de las 200 millas de mar territorial peruano. “Este tratado forma parte del marco de Convemar y representa una amenaza a nuestra soberanía marítima”, opinó.
No obstante, parlamentarias como Ruth Luque (Bloque Democrático) desmintieron esa postura y criticaron a sus colegas por no haber leído el documento autorizado. “El tratado no compromete las 200 millas peruanas, pues se refiere a aguas internacionales. Lo firmado busca regular el uso de recursos en espacios sin jurisdicción estatal para prevenir abusos y delitos ambientales”, aclaró.
Luque calificó de desinformada y alarmista la campaña promovida por algunos sectores empresariales, que se oponen a cualquier regulación en aguas internacionales. “Este tratado es beneficioso para la protección ambiental y no atenta contra nuestra soberanía”, enfatizó.
Cabe recordar que el 3 de junio la mandataria envió al Congreso su solicitud de permiso para viajar a Francia, en la cual se incluía la firma del Tratado de Alta Mar como parte oficial de su agenda. El Congreso aprobó el viaje sin objeciones.
Este episodio vuelve a poner en evidencia la descoordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y revela un preocupante hábito en algunos congresistas: aprobar sin leer.