El Congreso de la República ratificó, con 16 votos a favor y 11 en contra, la cuestionada Ley de Amnistía que beneficiará a policías y militares investigados o procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La normativa, impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, excluye únicamente a los condenados por terrorismo y corrupción.
La ley permite que personas sin sentencia firme o con procesos abiertos accedan a la amnistía, incluyendo también a adultos mayores sentenciados, lo que favorecería a exjefes militares condenados por casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
Durante el debate, el congresista Jorge Montoya justificó la medida señalando que la sociedad “tiene una deuda con las Fuerzas Armadas”, mientras que su colega Isaac Mita advirtió que esta decisión “desprotege la vida de las personas” y encubre crímenes de lesa humanidad.
Los congresistas que votaron a favor pertenecen a Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Podemos Perú y Avanza País. Entre ellos figuran Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Jorge Montoya, Patricia Juárez, Norma Yarrow y Lady Camones. En oposición, destacaron Ruth Luque, Guido Bellido, y Edgar Tello.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su rechazo a través de un comunicado, señalando que más de 150 casos con fallo firme y cerca de 600 procesos por graves delitos como tortura y desaparición forzada podrían quedar impunes. La exministra Flor Pablo criticó la norma como un acto de encubrimiento e impunidad.
El abogado constitucionalista Lucas Ghersi calificó la ley como una interferencia del Legislativo en funciones del Poder Judicial, lo que podría generar inseguridad jurídica.
En respuesta, la congresista Ruth Luque presentó un pedido de reconsideración para que se anule la segunda votación del dictamen, señalando que aún hay margen para el debate y corrección del error legislativo.
La ratificación de esta ley ha encendido un amplio debate en la opinión pública y en sectores defensores de los derechos humanos, que consideran esta medida como un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto interno.