En el transcurso de este quinquenio, el Ministerio Público ha presentado denuncias constitucionales contra 24 congresistas peruanos. Las imputaciones abarcan una serie de presuntos delitos como recorte de sueldos, tráfico de influencias, peculado, y negociaciones incompatibles. La bancada con mayor número de legisladores investigados es Podemos Perú, que incluye figuras como Kira Alcarráz, Edgar Tello, Heidy Juárez, Darwin Espinoza, José Arriola, Jorge Flores y Guido Bellido.
El avance de estos casos depende del trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, ambas en manos de la agrupación Alianza Para el Progreso (APP).
De los 24 congresistas denunciados, solo tres han recibido sanciones hasta la fecha. El excongresista Freddy Díaz fue destituido tras ser condenado en primera instancia por abuso sexual a una trabajadora del Parlamento. Por otro lado, las legisladoras María Cordero Jon Tay (Renovación Popular) y Betssy Chávez (Perú Libre) fueron suspendidas por estar involucradas en investigaciones de recorte de sueldos y de la presunta conspiración de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Ambas fueron reemplazadas por sus accesitarios mientras duren las investigaciones.
Además, varios parlamentarios enfrentan acusaciones graves, incluyendo la denuncia contra Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), quien fue involucrada en el viaje con recursos públicos para participar en un cumpleaños en Trujillo en febrero de 2023.
La bancada de Podemos Perú concentra la mayor parte de las imputaciones, entre ellas, casos por supuestos recortes de sueldo y tráfico de influencias. Un tema que destaca es el proceso contra el ex primer ministro Guido Bellido, quien es acusado por nombramientos irregulares durante su gestión.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado que el Congreso acelere el tratamiento de estas denuncias, ya que, según ella, los casos están demorados, lo que contribuye a una crisis de credibilidad en la institución legislativa. A pesar de las denuncias, aún no se han registrado avances significativos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, que continúan revisando los casos en espera de su discusión en el Pleno.