La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República concluyó que no existe una red de prostitución dentro del Parlamento, como se especuló tras el crimen de la trabajadora Andrea Vidal; sin embargo, sí confirmó un “festín” de contrataciones y permisos irregulares, principalmente a favor de personal femenino. El informe, aprobado recientemente, advierte de un uso arbitrario de la función pública por parte de funcionarios como Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, a quien se le imputa favorecer a jóvenes con quienes mantenía cercanía personal o social.
El documento señala la existencia de patrones de contrataciones irregulares durante las gestiones parlamentarias de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, y sugiere una “captura política” de áreas administrativas clave por parte del partido Alianza para el Progreso. También se menciona a la “hija política” de César Acuña entre los casos cuestionados.
Además, la Comisión ha instado al Ministerio Público y a la Contraloría a intervenir para investigar presuntos delitos de nombramiento ilegal y proxenetismo, recomendando levantar el secreto bancario y telefónico de los implicados. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de una red de trata, el informe reconoce un entorno institucional sexista que vulnera la meritocracia y el correcto acceso al servicio público.