Un nuevo escándalo sacude las altas esferas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP). Según audios entregados por el capitán de la PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, a la Fiscalía, Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, habría alertado a Juan José Santiváñez, actual ministro del Interior, sobre un inminente allanamiento en su domicilio. Este acto, calificado como “un gesto de lealtad”, pone en entredicho la imparcialidad de las instituciones de seguridad del Estado.
El audio que lo cambió todo
La grabación, registrada el 21 de mayo de 2024 y difundida por el programa dominical Cuarto Poder, contiene una conversación entre Izquierdo y una voz atribuida a Santiváñez. En ella, el ministro relata cómo Zanabria, apodado ‘El Canario’, le habría informado del allanamiento, presuntamente para prevenirle de las acciones judiciales. Este hecho refuerza las investigaciones que señalan al ministro por abuso de autoridad y posibles vínculos irregulares con miembros de la PNP.
Cuenta de iCloud en disputa
La Fiscalía exigió a Santiváñez el acceso a su cuenta de iCloud, tras haber entregado un dispositivo móvil reseteado, lo que dificultó las pesquisas. Esta solicitud busca esclarecer su relación con Izquierdo y otros casos que involucran abuso de poder en el Ministerio del Interior.
¿Lealtad a quién?
José Carlos Mejía, abogado de Junior Izquierdo, cuestionó el rol de Zanabria dentro de la PNP, sugiriendo que sus actos responden más a intereses políticos que al mandato institucional. Mejía también mencionó supuestas presiones del Ejecutivo para destituir a efectivos policiales clave, como el coronel Franco Moreno Panta, quien se negó a compartir información confidencial sobre operativos de inteligencia. Este episodio habría desatado la ira de Dina Boluarte, presidenta de la República, quien habría exigido al ministro que tomara medidas contra Moreno Panta.
Impacto institucional
El caso evidencia una preocupante mezcla de intereses políticos y operativos policiales. Las declaraciones, tanto de los audios como de las investigaciones en curso, han dejado en entredicho la independencia de las fuerzas del orden frente al poder político. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en el análisis de los audios y en el rastreo de evidencias clave que permitan esclarecer este escándalo.
La ciudadanía espera respuestas claras y sanciones ejemplares, en un contexto donde la transparencia y la confianza en las instituciones son cada vez más frágiles.