La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó enfáticamente la ley de amnistía aprobada en primera votación por el Congreso de la República, al considerar que favorece la impunidad de militares, policías y funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La norma —impulsada por congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País— pretende archivar procesos judiciales por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, lo cual, según la CIDH, contraviene tratados internacionales ratificados por el Perú.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y congresistas de oposición, entre ellos Ruth Luque, advierten que esta medida representa un golpe al acceso a la justicia para las víctimas de casos emblemáticos como Accomarca, El Frontón y Cayara. La ley fue debatida y aprobada de forma acelerada en el Pleno del Congreso, con 61 votos a favor, lo que ha generado preocupación nacional e internacional por un posible retroceso en los avances logrados en materia de verdad y justicia.