Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como alias ‘Cuchillo’, ha enviado una carta notarial a la presidenta de la República, Dina Boluarte, exigiendo una rectificación pública en un plazo máximo de cinco días, luego de que la mandataria lo señalara como presunto responsable de la masacre de 13 trabajadores mineros ocurrida el pasado 4 de mayo en la mina La Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, La Libertad.
En el documento, Rodríguez Díaz —quien purgó condena por delitos previos y actualmente se encuentra prófugo— cuestiona las declaraciones de Boluarte realizadas en conferencia de prensa el 5 de mayo. Según sostiene, tales afirmaciones atentan contra su honra al tratarse de imputaciones “falsas” provenientes de la máxima autoridad del Estado.
“Las declaraciones brindadas por los funcionarios públicos no solamente generan portada en distintos medios de comunicación, sino que además se entienden como veraces y confiables, más aún si provienen del más alto mando del Poder Ejecutivo”, se lee en la misiva dirigida a la jefa de Estado.
Rodríguez exige a Boluarte que se retracte públicamente de los señalamientos en su contra y le ofrezca disculpas formales. De no hacerlo, advirtió que procederá con acciones judiciales, amparándose en los artículos 131 y 132 del Código Penal, que sancionan los delitos de calumnia y difamación agravada.
La polémica surge en medio de la indignación nacional por la masacre en La Libertad, que ha vuelto a poner en evidencia la violencia ligada al control del oro ilegal en la región y la presunta participación de organizaciones criminales.
En una entrevista exclusiva con el programa Cuarto Poder, ‘Cuchillo’ reapareció y negó tener relación con los hechos. También aseguró que no se encuentra en Colombia, como inicialmente se especuló, aunque evitó revelar su paradero exacto.
“Ya no estoy en Colombia. No puedo decir dónde estoy, pero no estoy en Perú. He tenido errores, ya cumplí una condena de 7 años, y no quiero volver a un penal”, declaró en dicha entrevista.
Las investigaciones sobre la matanza de los 13 vigilantes mineros continúan bajo reserva. Mientras tanto, el pronunciamiento de Rodríguez Díaz genera un nuevo foco de tensión política para el gobierno de Boluarte, que ya enfrenta severas críticas por su manejo de la seguridad en zonas mineras.