La eventual reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos y de la sociedad civil. Para la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, este movimiento representa el primer paso de un golpe al sistema democrático del país, en beneficio directo de altos funcionarios investigados, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte y varios congresistas acusados de corrupción.
Según denuncias recientes, la reinstalación de Benavides —avalada por una polémica decisión de la Junta Nacional de Justicia— pondría en riesgo más de 20 denuncias constitucionales en curso contra legisladores implicados en los casos ‘Los Niños’, ‘mochasueldos’ y tráfico de influencias. Asimismo, se advierte que el Ministerio Público podría pasar a ser controlado por una coalición política con claros intereses de impunidad.
Los congresistas Jaime Quito (Bancada Socialista) y Guillermo Bermejo (JPP – Voces del Pueblo) fueron enfáticos al señalar que Benavides ya ha demostrado negociar investigaciones a cambio de favores políticos, y que su retorno blindaría nuevamente a Dina Boluarte, investigada por delitos graves como genocidio, enriquecimiento ilícito y colusión. Además, cuestionaron la reposición de su hermana como jueza, tras haber liberado a un peligroso narcotraficante.
En paralelo, el exdefensor del Pueblo Walter Albán denunció que este escenario beneficia a quienes deberían rendir cuentas ante la justicia: congresistas protegidos y una presidenta cada vez más cuestionada. Para Albán, la situación “roza el descaro” y evidencia el desmantelamiento progresivo del sistema de justicia.
Cabe recordar que Delia Espinoza ha presentado 24 denuncias constitucionales contra legisladores de diversas bancadas desde su llegada a la Fiscalía. Entre los investigados figuran Kelly Portalatino, Guido Bellido, Magaly Ruiz, Darwin Espinoza, entre otros.
Finalmente, nuevas revelaciones del exasesor Jaime Villanueva apuntan a un presunto pacto entre Boluarte y Benavides: la jefa de Estado habría ofrecido beneficios institucionales a cambio del archivamiento de las investigaciones por las muertes en protestas y otras causas sensibles.
Con este panorama, diversas voces coinciden en que está en juego no solo la independencia del Ministerio Público, sino también la vigencia del Estado de derecho en el Perú.