Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, buscan que se archiven los cargos de organización criminal en su contra. Ambas defensas invocan las recientes Leyes 32108 y 32138, citando la sentencia de la Corte Suprema en el caso Orellana, que estableció nuevos requisitos para imputar este delito, como una pena mínima de cinco años.
Lozano está siendo investigado por revender entradas de cortesía como parte de una organización criminal. Su defensa argumenta que el delito no se ajusta a las nuevas normas, ya que la pena mínima por administración fraudulenta es de tres años. Además, sostiene que las entradas revendidas no fueron consideradas ingresos para la FPF.
En el caso de Alvarado, su abogado sostiene que no se cumplen los requisitos de control de un mercado ilegal ni la pena mínima de cinco años para imputar organización criminal, ya que el delito que se le atribuye es colusión simple, con una pena mínima de tres años.
Ambos casos están a la espera de resolución en los tribunales, con las defensas confiadas en que las modificaciones legales favorezcan a sus clientes.