La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Perú por el caso de esterilización forzada de Celia Ramos Durand, ocurrido durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. El tribunal internacional determinó que el Estado peruano incurrió en responsabilidad al aplicar procedimientos de salud reproductiva sin un consentimiento libre y válido.
De acuerdo con la resolución emitida este jueves, la Corte concluyó que Ramos Durand fue sometida a una esterilización sin las garantías necesarias dentro del marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado en la década de los noventa. La decisión señala que dicha política promovió la esterilización masiva de mujeres, especialmente aquellas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.
El organismo internacional indicó que el programa se ejecutó mediante presiones y mecanismos coercitivos por parte de funcionarios públicos, quienes incluso habrían recibido incentivos para captar mujeres y persuadirlas de someterse a intervenciones de anticoncepción permanente. Según la Corte, muchas de ellas fueron inducidas mediante promesas de beneficios o advertencias sobre supuestos riesgos para su salud que no contaban con respaldo médico comprobado.
Asimismo, la sentencia advierte que la estrategia fue diseñada e impulsada desde las más altas instancias del Estado. También se concluyó que las denuncias presentadas por los familiares de Ramos Durand no recibieron una atención adecuada por parte de las autoridades, ni se ofrecieron explicaciones claras sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Entre las medidas ordenadas, la Corte dispuso que el Estado peruano continúe con las investigaciones para esclarecer la muerte de la víctima y que se identifique y sancione a los responsables. Además, estableció la necesidad de aprobar una normativa que regule de forma estricta el consentimiento informado en los servicios de salud sexual y reproductiva.
Del mismo modo, el tribunal determinó que el país deberá diseñar e implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos reproductivos y a reparar integralmente a las personas que fueron afectadas por esterilizaciones forzadas.
Este proceso representa, hasta el momento, el primer caso relacionado con esterilizaciones forzadas que ha llegado a una sentencia ante el sistema interamericano de derechos humanos.