En los últimos años, han surgido investigaciones que apuntarían a una posible infiltración del narcotráfico en distintos niveles de la Policía Nacional. Algunas fuentes sugieren que decenas de agentes, incluidos miembros de unidades antidrogas, habrían sido vinculados —de forma directa o indirecta— con organizaciones criminales que operan en regiones como el Trapecio Amazónico y el Vraem.
Se habla de posibles filtraciones de información, cobros irregulares y hasta participación activa en actividades ilícitas, como el transporte o la venta de droga. ¿Podría tratarse de casos aislados, o estamos ante una red más amplia de corrupción dentro de las fuerzas del orden?
Uno de los nombres que más ha llamado la atención en este contexto es el de un suboficial cuya detención habría destapado una cadena de contactos con presuntos vínculos con el narcotráfico. En su dispositivo móvil se habría encontrado información que apunta a una red en la que estarían involucrados otros policías, incluso de alto rango.
Estas situaciones plantean serias interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la respuesta institucional frente a este tipo de denuncias. ¿Se están tomando las medidas necesarias? ¿Por qué algunos de los mencionados habrían continuado en sus cargos, pese a los cuestionamientos?
A medida que avanzan las investigaciones fiscales, crece la preocupación sobre el impacto que el dinero del narcotráfico podría estar teniendo en los cuerpos encargados justamente de combatirlo. ¿Hasta dónde llega realmente la influencia de estas organizaciones en el aparato estatal?