Martín Vizcarra, quien ocupó la presidencia del Perú ha sido alcanzado por una medida de prisión preventiva de cinco meses, tras ser vinculado a presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La decisión, emitida por el Poder Judicial, ha reavivado el debate sobre el apoyo o el rechazo de la población peruano ante el ex presidente
En respuesta, un grupo de simpatizantes de Perú Primero —partido fundado por el propio Vizcarra— se concentró frente a la sede judicial en señal de protesta. Entre lágrimas y gritos, clamaban por su inocencia con frases como “¡Vizcarra es inocente!” y “¡Los verdaderos culpables siguen libres!”. Carteles que denunciaban una presunta persecución política y mostraban lealtad al exmandatario decoraban la escena. La situación se tornó tensa hacia hora de las tarde cuando agentes de la Policía Nacional cercaron el edificio para contener el avance de los manifestantes, lo que no hizo más que aumentar las sospechas sobre lo que realmente se juega detrás del caso.
Un detalle que no ha pasado desapercibido es que Vizcarra viajó, apenas dos días antes de la audiencia, al distrito de Santa Rosa de Loreto, una remota isla en el río Amazonas, ubicada en una zona disputada por Colombia. La Fiscalía interpreta este movimiento como una señal de posible fuga. Para otros, sin embargo, no deja de ser curioso que haya elegido un lugar tan poco accesible justo en un momento crítico para su situación legal.
Las investigaciones lo vinculan a la presunta recepción de sobornos durante dos proyectos clave: el Hospital de Moquegua y el sistema de irrigación Lomas de Ilo. Se alega que en 2013 habría pactado un “incentivo” del 2 % del valor del contrato de irrigación, cifra que se habría materializado en pagos de S/400,000 y S/600,000 registrados por la empresa Obrainsa como supuestos “préstamos”. A esto se suma la imputación de haber condicionado la adjudicación del hospital regional al pago de S/1.8 millones, transacción que, según el Ministerio Público, ocurrió en 2016, cuando Vizcarra ya era vicepresidente y ministro.
La Fiscalía no descarta solicitar una pena de hasta 15 años de prisión, si logra probar la culpabilidad del exmandatario. El juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó la prisión preventiva, argumentó que existen indicios suficientes y un alto riesgo de fuga, mencionando la falta de arraigo familiar y laboral de Vizcarra, así como ciertas inconsistencias en su historial contractual.
Ahora, el expresidente ha sido internado en el penal de Barbadillo, donde comparte espacio con otros exjefes de Estado investigados por corrupción, como Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Para muchos, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una verdadera lucha contra la impunidad, o solo frente a un nuevo episodio en el entramado político-judicial donde los rostros cambian, pero las sombras persisten?