Durante una visita a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú en Chorrillos, la presidenta Dina Boluarte lanzó duras críticas contra el Ministerio Público, responsabilizándolo del incremento de la delincuencia en el país. La mandataria sugirió a la ciudadanía que “vaya al Ministerio Público a reclamar”, desentendiéndose de la función constitucional del Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad.
Acompañada por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, Boluarte alegó que su gobierno está transfiriendo recursos a la Policía Nacional para actuar contra el crimen, pero que los delincuentes “son liberados por el Ministerio Público”. No obstante, la presidenta no se pronunció sobre la reducción presupuestal que ha sufrido dicha institución, ni sobre las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo que debilitan la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
La jefa de Estado parece olvidar el inciso 4 del artículo 118 de la Constitución, que señala que es función del Presidente de la República “velar por el orden interno y la seguridad exterior”. Esta omisión genera cuestionamientos sobre su verdadera voluntad para enfrentar el avance de la criminalidad.
Asimismo, organizaciones sociales y expertos en derecho han alertado sobre las contradicciones del discurso presidencial. Mientras el país afronta una crisis de seguridad sin precedentes, el propio Ejecutivo ha promovido normas que dificultan la acción de jueces y fiscales contra bandas criminales.
Desde distintos sectores se exige al Gobierno asumir con seriedad la lucha contra la delincuencia, en lugar de desviar la atención con confrontaciones políticas. La seguridad ciudadana requiere coordinación institucional, financiamiento adecuado y decisiones firmes, no declaraciones populistas que alimentan la desconfianza ciudadana.