En las últimas semanas, nuestro medio ha recibido nuevas denuncias, documentos y testimonios por parte de vecinos y comuneros de Chilca que habrían decidido romper el silencio. Ante ello, retomamos el caso que sacudió el sur de Lima: una sentencia polémica que habría sido emitida en tiempo récord por un juez investigado por corrupción, con vínculos a un abogado vinculado al caso Odebrecht, y una presunta red de tráfico de tierras liderada por Manuel Portocarrero Giles.
El caso gira en torno a la disputa por un terreno de la Comunidad Campesina de Chilca, actualmente ocupado por el Aeródromo Lib Mandi, una infraestructura que representa un activo estratégico para la aviación civil y de emergencia en Lima.
La sentencia a la fecha se encuentra apelada por Don Pancho Real Estate S.A.C., Master Business Aviation S.A.C. y Carlos Liberoff, según se observa en la plataforma del poder judicial, pero vecinos informan que el traficante de tierras estaría afirmando que ya “arreglo” con el juez para que le faciliten las cosas.
Breve resumen del caso para nuevos lectores
El 6 de marzo de 2025, el juez provisional Julio César Arbieto Huansi, del Primer Juzgado Civil de Lurín, habría dictado la Resolución N.º 82, fallando a favor de Lily Indacochea Nugent de Portocarrero en un proceso por mejor derecho de propiedad.
La sentencia habría sido calificada como viciada por diversas fuentes jurídicas, debido a:
– Omisión de puntos controvertidos esenciales.
– No incorporación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
– Celeridad inusual del proceso.
– Notificación solo a la parte demandante el mismo día de su emisión.
Un juez con pasado cuestionado
El juez Julio César Arbieto Huansi habría sido investigado por el Ministerio Público por presuntos vínculos con la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una organización dedicada a manipular resoluciones judiciales. Las mismas prácticas observadas en dicho escándalo —resoluciones rápidas, omisión de partes y supuesta parcialidad— se advierten ahora en este proceso.
Un abogado implicado en el caso Odebrecht
La parte demandante está representada por el abogado Juan Monroy Gálvez, quien fue investigado en el caso IIRSA Sur – Odebrecht. Según informes fiscales, habría emitido opiniones legales que facilitaron la firma de contratos con dicha constructora brasileña. Hoy, actúa en un proceso que busca el reconocimiento de la propiedad sobre terrenos comunales.
Portocarrero y las denuncias de tráfico de tierras
Lily Indacochea Nugent es esposa de Manuel Portocarrero Giles, señalado por comuneros como presunto promotor del tráfico informal de tierras en el sur de Lima. En redes sociales, vecinos de Chilca reportaron que un topógrafo del entorno de Portocarrero habría confesado, en estado de ebriedad, que el juez estaba ‘arreglado’. Estas versiones aún no han sido corroboradas oficialmente, pero han encendido las alarmas en la comunidad.
Además, se desconoce la procedencia de los fondos con los cuales Lily Indacochea habría adquirido el terreno, pues no se le conoce oficio ni actividad empresarial visible, lo que ha generado dudas sobre el origen del dinero involucrado.
Un terreno clave para la comunidad y para el país
El predio involucrado no solo es parte del territorio ancestral de la Comunidad Campesina de Chilca, sino que además alberga el Aeródromo Lib Mandi, considerado el único aeropuerto alternativo de Lima para vuelos humanitarios, sanitarios y de evacuación en caso de desastre.
¿Dónde está la Corte Superior de Lima Sur?
Hasta el momento, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Dra. Hilda Cecilia Piedra Rojas, no se ha pronunciado sobre el accionar del juez Arbieto ni sobre la relevancia pública de este proceso. La ciudadanía se pregunta por qué un juez provisional, con antecedentes cuestionables, sigue resolviendo casos de alto impacto.
Conclusión: cuando la justicia se debilita, todos perdemos
Este caso no es una simple disputa de propiedad. Es el reflejo de un sistema que permitiría que decisiones estratégicas queden en manos de magistrados cuestionados, abogados implicados en casos de corrupción y redes de intereses que afectan a comunidades enteras. Si no se corrige el rumbo, se corre el riesgo de institucionalizar el despojo como práctica judicial.