El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que el atentado en el que perdió la vida Andrea Vidal, exempleada de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, fue un “homicidio por encargo”. Según el oficial, el ataque fue cuidadosamente planificado y ejecutado por una estructura criminal que empleó cinco motocicletas y tres vehículos para perpetrar el crimen en el distrito de La Victoria.
“Se encontraron 62 cartuchos percutidos en la escena del crimen. Participaron cinco motocicletas y tres vehículos, además de tres armas de fuego, según los casquillos hallados. Esto confirma que se trató de un homicidio por encargo”, detalló Arriola en declaraciones a RPP. El alto mando señaló que las autoridades brindarán más detalles en los próximos días y definirán si el objetivo fue directamente Andrea Vidal.
Posible relación con red de prostitución en el Congreso
El general Arriola no descartó la posible conexión entre el asesinato y la presunta red de prostitución que operaba en el Parlamento, encabezada por Jorge Torres Saravia, exjefe de Vidal. Si bien se manejan diversas hipótesis, la División de Homicidios ha identificado a varios sospechosos que podrían estar vinculados al ataque.
Investigación en curso
Fuentes de la División de Homicidios indicaron que los primeros indicios recopilados refuerzan la hipótesis de que Vidal era el objetivo principal del atentado, y no el taxista José Vargas, quien también falleció en el ataque. “Por la trayectoria de los disparos y la forma en que los sicarios actuaron, no hay duda de que la abogada era el blanco”, señalaron las fuentes.
Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que la PNP accedió al teléfono personal de Andrea Vidal, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación y vincular a trabajadores del Congreso con el crimen.
Hipótesis sobre posibles autores
Una de las teorías iniciales, que apuntaba a un crimen pasional, ha perdido fuerza. Rodrigo Falcón, identificado como el enamorado de Vidal, no tendría los medios para coordinar un ataque de tal magnitud, según los investigadores. Sin embargo, aún no se descarta la participación de personajes vinculados al Congreso.
La Fiscalía también ha iniciado interrogatorios a empleados de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Se investiga si algunas trabajadoras ofrecieron servicios sexuales a congresistas a cambio de beneficios laborales. Entre los nombres mencionados destaca el del congresista Alejandro Soto Reyes, quien enfrenta una investigación por negociación incompatible.
La Policía Nacional continúa con las pesquisas para esclarecer este caso y determinar a los responsables directos del crimen.