La renovación de magistrados en la Corte Penal Nacional se ha visto afectada por la demora en la programación del Programa de Inducción para el Tercer Nivel de la Magistratura, requisito indispensable para que determinados jueces puedan asumir plenamente sus funciones. Esta situación ha generado cuestionamientos contra Víctor Chanduví, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), entidad encargada de organizar dicha capacitación.
El tema cobró relevancia luego de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dejara sin efecto su intento de designar a un presidente para la Corte Penal Nacional, al considerar que la elección debía ser realizada por los propios magistrados, conforme a las disposiciones vigentes. Sin embargo, el proceso se vio condicionado por la falta de jueces habilitados para participar en esa decisión.
De acuerdo con la información difundida y a lo referido por distintos Abogados litigantes, nada ha cambiado en la Corte Penal Nacional, pues solo han incorporado como Presidentes de Sala Superior a los nuevos magistrados titulares, manteniendo a 02 jueces superiores designados de otras Cortes del país. Quedando en suspenso la conformación de las Salas Penales Permanentes hasta la fecha.
La Corte Penal Nacional logró alcanzar recientemente el número mínimo de jueces requerido para elegir a su titular. No obstante, la imposibilidad de que algunos magistrados concluyan su proceso de incorporación ha generado retrasos en la conformación definitiva del órgano jurisdiccional y en la normalización de sus procedimientos internos.
Las críticas se centran en que Chanduví forma parte tanto de la dirección de la AMAG como de la JNJ, entidades relacionadas con los procesos de formación y carrera judicial. Además, su nombre ya había estado involucrado en controversias anteriores, como la anulación del concurso para la elección del jefe de la ONPE, decisión que posteriormente fue corregida por el pleno de la Junta Nacional de Justicia.
Mientras tanto, persiste la expectativa sobre la fecha en que se desarrollará el programa pendiente y sobre el impacto que esta demora podría seguir teniendo en la renovación y funcionamiento de importantes instancias del sistema de justicia peruano.